Maduro redobla la ofensiva contra la libertad de prensa

Nicolas-maduroVenezuela vive una nueva y brutal embestida contra la libertad de información, una estrategia habitual en la época de Hugo Chávez, que el presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, líder del ala militar, han extremado desde hace dos años. La jueza María Eugenia Núñez prohibió salir del país a los directores de los medios críticos El Nacional, Tal Cual y La Patilla, junto con una veintena de sus directivos.La decisión judicial se produjo al admitirse la demanda, por difamación agravada, presentada por Cabello, que también preside la Asamblea Nacional y es vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Tanto el diario El Nacional como el semanario Tal Cual y la web La Patilla reprodujeron la información publicada en Madrid por el periódico español ABC, en la cual un ex escolta de Hugo Chávez involucraba a Cabello en el tráfico internacional de drogas.

El capitán de corbeta Leamsy Salazar, que durante una década dirigió el equipo de seguridad de Chávez y que pasó a la historia al enarbolar una bandera venezolana tras el intento de golpe de Estado contra el “comandante supremo”, huyó a Estados Unidos.

En sus primeras declaraciones, filtradas al diario madrileño, acusó a Diosdado de dirigir el Cartel de los Soles, supuestamente conformado por militares chavistas. “Salazar fue captado, comprado y sobornado por la CIA”, acusó la semana pasada otro de los edecanes del Palacio de Miraflores en un canal de televisión local.

Para Teodoro Petkoff, director de Tal Cual, no es ninguna novedad: hace unas semanas, no pudo recoger en Madrid el Premio Ortega y Gasset por otro proceso judicial entablado por Cabello.

Asfixiado publicitariamente, perseguido en los juzgados, amenazado políticamente y sin papel por el maquiavelismo económico del gobierno, Petkoff reconvirtió su diario en un semanario, que la semana pasada salió al mercado con una portada de las suyas (“Hola, Diosdado”), rememorando aquella histórica de “Hola, Hugo” de hace más de una década.

“No es ninguna sorpresa, los tribunales siguen al pie de la letra las órdenes de los líderes del [chavista] PSUV”, criticó ayer Xabier Coscojuela, jefe de redacción de Tal Cual.

En cambio, los otros dos directores no se encontraban ayer en Venezuela. Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, recibió la noticia mientras se encontraba de viaje en los Estados Unidos. No obstante, regresará durante el fin de semana.

“Hay que asumir aquello -puntualizó a la nacion-. La jueza ha actuado de forma irregular. Y como son las cosas en Venezuela, estas medidas cautelares son la sentencia, porque se trata de instrucciones del gobierno. Las medidas cautelares las decide el Ejecutivo. En el país, no hay justicia, se trata de un instrumento del oficialismo para criminalizar a la disidencia.”

Alberto Ravell, director de La Patilla, esperaba ayer la confirmación judicial, que al cierre de esta edición no se había producido. No obstante, también lo quiso dejar muy claro: “La Patilla no cambiará su línea editorial. El que no la debe no la teme”.

El periodista, presente ayer en Bogotá, acudió a un acto público del defensor del Pueblo venezolano, Tareck William Saab, en el que le exigió que defendiera a los directivos castigados. “Si me toca defender tus derechos, lo haré”, contestó el defensor, conocido militante chavista.

“La gran cárcel: la prohibición de salida del país y la presentación ante el tribunal son penas anticipadas”, predijo Blanca Rosa Mármol, ex magistrada del Tribunal Supremo.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), activo en defensa de las libertades, insistió en un comunicado que con “este nuevo golpe a la libertad de prensa” el chavismo “intenta imponer un régimen de censura y autocensura”.

La defensa esgrimida hasta el momento por los tres medios se basa en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2004 reivindicó la “doctrina del reporte fiel”, según la cual no incurre en delito quien reproduce información de terceros.

“Es gravísimo que en razón de una simple acusación privada por un delito leve, sin oír a los acusados, sin audiencia, sin oír los alegatos de los acusados se les aplique una pena anticipada sin fundamento alguno”, criticó el abogado penalista Alberto Arteaga.

Una avalancha de solidaridad con periodistas y directivos se levantó en las últimas horas, tanto dentro como fuera de Venezuela. “Es impresionante y cada día crece más, no sólo para apoyarnos en la lucha por la libertad de expresión, sino también como repulsa ante las vulneraciones de derechos humanos, las medidas contra los presos políticos y la catástrofe económica que sufre Venezuela”, puntualizó Otero.

El director de El Nacional destacó el papel fundamental de Cabello. “Ha asumido con más poder institucional un papel que en otros tiempos recayó en periodistas como Mario Silva”, reveló.

El presidente de la Asamblea utiliza su programa televisivo Con el mazo dando para arremeter contra opositores y periodistas.

“Para que nos quede claro quién manda aquí”, sentenció el escritor Leonardo Padrón tras conocer la noticia.

Dura condena de la SIP a la medida

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó ayer la orden de un juez venezolano que prohíbe la salida del país a 22 directivos de medios involucrados en una demanda judicial del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por reproducir información que lo vincula con el narcotráfico.

La jueza venezolana María Eugenia Núñez emitió anteayer la orden de restricción que impide salir de Venezuela a dueños y directivos de los diarios El Nacional, Tal Cual y la publicación digital La Patilla, como lo había solicitado Cabello al interponer su demanda por difamación el 23 de abril pasado.

El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, dijo que esa prohibición “muestra una vez más cómo el sistema judicial venezolano es utilizado como un instrumento del poder político”.

Del editor: Cómo sigue. Pese a las condenas venezolanas y regionales a la decisión judicial, los periodistas críticos esperan incluso una mayor asfixia legal y económica.

La Nación

Prensa CNP Zulia