Preocupa a la SIP discriminación del presidente Rafael Correa contra ciudadanos ecuatorianos

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de discriminación contra la libertad de información y el derecho de los ciudadanos ecuatorianos a estar informados sobre asuntos oficiales y de interés público, una reciente disposición del gobierno de Rafael Correa que prohíbe a ministros y funcionarios dar entrevistas a medios de comunicación privados.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gustavo Mohme, consideró que la medida del gobierno ecuatoriano no solo es discriminatoria, sino que “incumple con principios de la ley de Acceso a la Información Pública del Ecuador y comete graves faltas contra el principio de transparencia que tienen por mandato los servidores públicos en una democracia”.

Mohme, director del diario peruano La República, lamentó que el gobierno continúe con “su vocación de intolerancia contra los medios de comunicación privados, por el solo hecho de que cumplen con  su función de fiscalizar, criticar, opinar, investigar y denunciar asuntos gubernamentales que son de interés público”. Agregó que negar información o solo ofrecer información a medios estatales, no solo atenta contra la libertad de prensa, sino contra el derecho del público a estar informado.

El presidente Correa dijo en su última alocución sabatina que estaba “pensando seriamente” en pedir a sus ministros que solo concedan entrevistas a medios estatales, acusando a los medios privados de corruptos y que solo sirven para “llenarse el bolsillo”.

Por su parte, el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, dijo esta semana que los funcionarios no concederán entrevistas a los medios privados porque “han mercantilizado la información” y “no están a la altura de lo que significa el periodismo”; mientras que la ministra Coordinadora de la Política, Betty Tola, confirmó ayer que existe una disposición presidencial para que los ministros no ofrezcan entrevistas a medios privados.

En Ecuador es habitual que los funcionarios nieguen información oficial a periodistas, no ofrezcan conferencias de prensa y que desde el poder se persiga judicialmente a medios y periodistas que investigan casos de corrupción o critiquen el accionar del gobierno. Los juicios contra El Universo y otros medios y contra el libro El Gran Hermano, son algunos ejemplos.

Con información de sipiapa.org.

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