Declaración de la ALIANZA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ante el posible retiro de Venezuela de la CIDH

Ante la sorpresiva decisión presidencial de  dar vida al Consejo de Estado asignándole la tarea de fundamentar el retiro de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dela OEA, los miembros dela ALIANZA PORLA LIBERTAD DE EXPRESIÓN se dirigen a la opinión pública nacional para señalar lo siguiente:

               1 – La posibilidad ofrecida a cada ciudadano del mundo de acudir a instancias internacionales para que se le reconozcan, cuando le son negados a nivel nacional,  los  derechos  fundamentales precisados  en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normativas regionales como la    Convención Americana sobre Derechos Humanos, es una de las máximas e indelebles conquistas de la humanidad. Ella es fruto  del nuevo espíritu de “familia humana” surgido tras la grande y terrible Segunda Guerra Mundial que dio nacimiento a una nueva diplomacia multilateral ejercida en organismos supranacionales tales comola ONU (oct. de 1945) yla OEA (mayo de 1948). Venezuela fue uno de los 51 Estados fundadores dela ONU y uno de los 21 Estados fundadores dela OEA.

               2 – Los Estados miembros que dieron vida o se adhirieron a dichos Organismos Intergubernamentales (OIG) concedieron a éstos un derecho de mirada y la aplicación de una normativa supranacional en materia de derechos humanos que privaría sobre la nacional, declinando una parcela de su autodeterminación soberana en beneficio de grandes principios universales, lo cual  formalizaron otorgando rango constitucional al cumplimiento en su territorio de  decisiones supranacionales emanadas de los citados organismos. La Constituciónvenezolana de 1.999 mantuvo y hasta reforzó sin la menor ambigüedad el reconocimiento de jure de aquellos criterios.  Su Art. 23 establece que

               “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela  tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”;

               El Art. 339   conmina a que aun en estado de excepción se cumpla

“con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”,

y el Art. 31  precisa que

Toda persona tiene el derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los organismos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y en la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo”.

               Ante principios constitucionales tan luminosamente claros y taxativos,la Alianzaconsidera que todo intento político-jurídico  de desconocer decisiones  de los OIG o de retirarse de ellos por ser tales decisiones del desagrado del gobierno de turno, constituyen

              a) una de las más graves violaciones hasta ahora perpetradas contrala Constitucióny las Convenciones Internacionales ratificadas porla República,

                b) un cercenamiento del derecho constitucional que asiste a los venezolanos de pedir justicia ante los OIG, lo cual reforzaría la aplicación en el país de una justicia arbitraria, totalitaria y parcializada al servicio de la cúpula gobernante,

               c) una confirmación internacional de la voluntad del gobierno venezolano de no rendir cuentas a nadie

               d) uno de los más agoreros gestos aislacionistas de este régimen pasible de convertir a Venezuela en país auto-marginado de la comunidad de las naciones.

               3 –  En nuestra época signada por medios masivos de comunicación generalmente concentrados en pocos centros de poder, el derecho de todo ser humano a comunicarse libremente, a producir, recibir y difundir informaciones y opiniones sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión – consagrado en los Art. 19 de la Declaración Universal y 57 de nuestra Constitución, más comúnmente citado como “Libertad de Expresión”  – ha pasado a ser uno de los derechos humanos  más difíciles de ejercer, al punto de poderse decir que la democracia de una nación puede medirse por el nivel de libertad y tolerancia que disfrutan en ella sus comunicadores, medios y ciudadanos. La situación venezolana en la materia es de todos conocida: bajo una  “libertad de expresión” de fachada,  comunicadores y medios sufren centenares de agresiones anuales principalmente de origen gubernamental; los llamados “medios públicos” han sido puestos íntegramente al servicio del régimen y de su ideología; decenas de emisoras radiales y televisivas han sido clausuradas y saqueadas por motivos ideológicos, parcialmente intervenidas o condenadas a la autocensura; el jefe del Estado  ha impuesto a todo el sistema radioeléctricos miles de “cadenas” a través de las cuales adoctrina al país a razón de casi una hora diaria; el acceso a las fuentes y a la publicidad gubernamentales es sistemáticamente negado a los medios disidentes;  de los medios comunitarios sólo sobreviven aquellos que se adhieren a la doctrina política oficial. En tales circunstancias, no es un azar que algunos de los más sonados casos  presentados por venezolanos ante el CIDH hayan versado sobre violaciones al “derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma” (Art. 6 de la Declaración de principios sobre Libertad de Expresión OEA/CIDH)

               Habida cuenta de todo lo que antecede, los miembros de la  ALIANZA PORLA LIBERTAD DEEXPRESIÓN,

               -denuncian ante la opinión pública nacional e internacional la extremada gravedad del intento gubernamental de retirar al país de la citada Comisión Interamericana, por flagrantemente inconstitucional y por quitarle a los venezolanos un derecho constitucional universalmente consagrado,

              -denuncian igualmente  el  irresponsable Acuerdo dela Asamblea Nacionaldel 11-05 respaldando la propuesta presidencial de retiro dela CIDH

               -formulan votos porque el  Consejo de Estado reconozca valientemente la absoluta inviabilidad de ese deseo presidencial.

 Caracas, 22 de mayo de 2012

Miembros dela Alianzaporla Libertadde Expresión que suscriben esta declaración:

Colegio Nacional de Periodistas (CNP)

Sindicato Nacional de Trabajadores dela Prensa(SNTP)

Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela (CRGV)

Espacio Público

Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS)

Expresión Libre

Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público

Ser Comunicación e Investigación.

Transparencia Venezuela

Proacceso

Un Mundo sin Mordaza

Instituto de Investigaciones dela Comunicación(ININCO)

Programa de Postgrado en Comunicación Social dela UCAB

Centro de Derechos Humanos dela UCAB (CDH-UCAB)

Centro de Investigación dela Comunicacióndela UCAB (CIC-UCAB)

Tiziana Polesel, directora dela Escuelade Comunicación Social dela UCAB

Miguel Ángel Latouch, director dela Escuelade Comunicación Social dela UCV

Revista Comunicación

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